dimecres, 4 de novembre del 2015

REFORMA DEL SISTEMA IMPOSITIU

Estem a les portes de unes eleccions generals a Espanya, on a més del tema català i de com superar la crisi econòmica, caldria plantejar per part dels partits que es presentin quina política fiscal proposen. Per ajudar a conèixer el tema i poder analitzar les ofertes programàtiques en relació a la política fiscal, em sembla interessant l’article adjunt publicat a Economistas contra la crisis*, del que he extret els següents paràgrafs:

Los impuestos nacen para recaudar ingresos con los que hacer frente a los gastos derivados de la acción pública, que deben responder a las necesidades de los ciudadanos. Si los ingresos no son suficiente para lograrlo, solo caben tres salidas: o se recortan los gastos (y por tanto se dejan necesidades insatisfechas), o se recurre permanentemente al endeudamiento (lo que resulta insostenible en el medio plazo) o se aumenta la recaudación. En la coyuntura actual, España tiene pocas posibilidades de insistir en las dos primeras opciones.
España es uno de los países de toda la zona euro que menos recauda con relación a su riqueza (32,5%). Concretamente el quinto por la cola, (solo por detrás de Rumanía, Lituania, Letonia y Eslovaquia). Y no recauda un poco menos, no; estamos hablando de 7,9 puntos porcentuales de PIB menos que la media del área (40,4%). Para ponerlo en perspectiva, 8 puntos de PIB suponen, en el caso español, 87.000 millones de euros. Con esa cantidad podríamos pagar en 2016 todas las pensiones contributivas de jubilación (83.500 millones).
En coherencia con los datos de ingresos, España también es de los países de la zona euro que menos gasta (también el quinto que menos), un 43,6% del PIB, 5,5 puntos porcentuales menos que la media de la eurozona (49,1%). Y su nivel de gasto social, el que sustenta las políticas básicas del estado de bienestar, es también inferior en términos relativos en 4,5 puntos de PIB.
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Nuestro país no posee un problema de gasto público excesivo en el contexto europeo, ni un estado de bienestar sobredimensionado, a cuya financiación no se pueda hacer frente; nuestro problema es de recaudación, de insuficiencia de la misma
Además, el sistema tributario español tiene un problema importante de justicia, que se plasma en el grado de cumplimiento de lo que se llama equidad horizontal (que rentas iguales paguen lo mismo) y equidad vertical o progresividad (que se pague proporcionalmente más cuando la renta crece, posibilitando un cierto grado de redistribución de la renta)
Algunas situaciones y cifras ilustran la degradación en nuestro sistema tributario de los principios de equidad antes mencionados: las rentas salariales aportan casi 9 de cada 10 euros recaudados por el IRPF; los ingresos medios declarados en el IRPF por los asalariados son 2,5 veces superiores a los declarados por actividades empresariales; los rendimientos del capital pagan tipos diferentes y muy inferiores a los del trabajo; en el Impuesto sobre Sociedades, las empresas que declaran ingresos superiores a mil millones de euros pagan solo un 19,8% de tipo efectivo, lo mismo que un asalariado que gane entre 36 y 42.000 euros brutos en el IRPF; los grupos empresariales consolidados (es decir, las muy grandes empresas) pagan en el Impuesto sobre Sociedades solo un 6% de su resultado contable positivo[1]; y, sobre todo, el fraude fiscal es enorme, y se estima que puede suponer una merma de entre 80 y 90.000 millones de euros al año.
(En aquest context, recordar l’article en aquest blog del 8 de juliol de 2013, on calculava que una persona física que guanya 60.000 euros, paga el 44,39% de la seva renda en impostos)
Según el CIS, en España el 88,9% de la población considera que los impuestos no se cobran con justicia, lo que resulta una circunstancia letal para un sistema que requiere de legitimación social para garantizar su funcionamiento eficiente
el sistema fiscal español es equiparable en su estructura y figuras a la mayoría de los de su entorno. Por tanto, las causas de los desequilibrios mencionados hay que buscarlas en la concreción legal de esas figuras y en su utilización discrecional, con criterios políticos sesgados.
Tenemos unos impuestos llenos de exenciones, deducciones y desgravaciones, de agujeros que facilitan tanto la elusión fiscal (la reducción lícita de la factura tributaria aprovechando los resquicios legales de su normativa) como el fraude (la vulneración de la legislación, punible por tanto), mermando su recaudación potencial y quebrando la equidad más elemental.
nuestro país no ha sido ajeno a la ideología dominante en materia de política tributaria en el ámbito internacional, y que se ha trasladado recurrentemente en las recomendaciones de los organismos más influyentes (Comisión Europea, OCDE, FMI). Sus líneas maestras más definitorias han sido:
1) reducción del peso de los impuestos directos que introducen progresividad, frente a los indirectos que tienen un impacto regresivo)
2) tratamiento mucho más favorable de las rentas del capital respecto de las del trabajo.
3) rebaja progresiva de la tributación empresarial
4) reducción a la insignificancia de la tributación sobre la riqueza y el patrimonio
5) pérdida de progresividad interna de los impuestos sobre la renta.
6) ausencia de actuaciones para combatir el fraude y evasión fiscales a nivel internacional
En el siguiente gráfico se muestra la diferente capacidad recaudatoria de los impuestos

Los últimos retoques fiscales aprobados por el gobierno del PP consolidan niveles de gasto e ingresos muy por debajo de los que poseen los países con mayor grado de desarrollo y bienestar de la zona euro, y además agravan la situación de falta de equidad y justicia del sistema tributario.
La reforma que necesita España sigue pendiente: es imprescindible que reduzca paulatinamente la brecha de recaudación que la separa de los países con mejores resultados en el entorno económico europeo. Del mismo modo que, si quiere mejorar el grado de aceptación social de los impuestos y reducir los elevados niveles de pobreza y desigualdad que ha alcanzado, es preciso que aumente el grado de equidad y progresividad de sus resultados.
Algunas líneas de actuación que pueden sustentar esa reforma tributaria que requiere España son:
-    En materia de fraude, instrumentar una política de lucha mucho más intensa y efectiva, lo que requiere más medios para la Agencia Tributaria, una redefinición de objetivos (centrándose en los grandes defraudadores), mayor dureza en las sanciones y una continua labor ejemplarizante y divulgativa, hasta hacer efectivo el principio de tolerancia cero con el fraude fiscal; y cerrar paralelamente las puertas a la elusión fiscal, simplificando los tributos y limpiándolos de casos particulares y de deducciones.
-    En el IRPF, elevar la aportación de las fuentes de renta distintas del trabajo, incorporando los rendimientos del capital a la tarifa general y eliminando la tributación objetiva empresarial, y mantener una estructura de tramos y tipos que garantice resultados verdaderamente progresivos.
-    En el Impuesto sobre Sociedades, limitar drásticamente las deducciones y garantizar un tipo efectivo mínimo, además de eliminar instrumentos que solo sirven para eludir el pago de impuestos, como las SICAV o las ETVE.
-    En el IVA, revisar la estructura de los bienes sujetos a cada tipo, primando la sujeción de los productos de primera necesidad al tipo superreducido.
-    Implementar una tributación sobre la riqueza relevante, que complemente la de la renta de las personas físicas.
-    Desarrollar la imposición sobre transacciones financieras y la imposición verde.
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Es una tarea que requiere diálogo para intentar lograr el mayor consenso social, buenas dosis de didacticismo, y sobre todo, mucha voluntad política, en un contexto internacional que entroniza opciones fiscales más regresivas, supeditadas a los intereses de los mercados financieros y de capitales y de las grandes multinacionales, y que dificulta la adopción de medidas a nivel nacional que escapen de esa lógica.