La crisis no es del Gobierno y el partido que lo sostiene, o viceversa, no es de la Monarquía, no son todas las instituciones, no es la ruina de buena parte de la población, no es el vaciamiento de la Constitución, no es el camino sin retorno y sin salida al que llegó aquí la idea de nación..., es todo. España vive un fenómeno político muy específico: a la crisis económica conducida en un sentido antisocial se suma un Gobierno que está aprovechando para revisar los consensos políticos y económicos de la democracia española.
La sociedad catalana por su parte, tras amargas experiencias recientes y aunque ello le supone serias dificultades, ha iniciado un camino que ya no quiere ni puede desandar y que cuestiona absolutamente la forma del Estado y sus instituciones. Ese proceso político democrático y legítimo aboca a una reforma política profunda del Estado español.
La españolidad y el terrorismo han sido dos bazas para argumentar y alimentar la ideología del nacionalismo español, tan renacido y triunfante en un Madrid que sujeta las infraestructuras centralizadas, todo el poder político, la mayor parte del poder financiero y el gran instrumento político e ideológico: todos los medios de comunicación de ámbito estatal.
Y hasta aquí hemos llegado. A una España sin esperanza, con un partido gobernante sin sentido de la vergüenza y un presidente que se esconde durante meses para no contestar a preguntas sobre su implicación en la recepción de dinero negro. Un Parlamento pervertido por una mayoría absoluta parlamentaria que lo tiene anulado. Un país que se niega a reconocer a los catalanes el mismo derecho que tienen otros europeos, como los escoceses, a decidir libremente su futuro. Y un país que tendrá que someter a decisión democrática una constitución nueva y la forma del estado, incluyendo la opción Monarquía o República. Ambas son discutibles y por ello no se puede negar el debate, pero si la España futura, en la forma que tenga, es una monarquía, ya no podrá serlo porque lo haya decidido un Caudillo o un Ejército: tendrá que ser una ciudadanía sin miedo y que asuma su responsabilidad quien lo decida.
Ahir
en EL PAIS en Lluis Orriols aprofundia sobre la dualitat entre els corrents que
demanen més autonomia i els que volen més centralització:
al igual que ocurre en Cataluña, la opinión
pública española está inmersa en unos profundos cambios en sus preferencias
territoriales. En concreto, durante los últimos años, la complicidad que tenían
los españoles con el modelo autonómico se ha deteriorado de forma muy notable.
Los españoles demandan cada vez más abrir una nueva etapa en el proceso
autonómico, una etapa que pasaría por reducir, o incluso eliminar, los
gobiernos regionales.La oleada centralizadora que está viviendo España está afectando a todas las ideologías y preferencias partidistas. La antipatía que generan actualmente las autonomías ya no se concentra especialmente entre el electorado más conservador como ocurría años atrás. Los ciudadanos de izquierda se están sumando a las tesis antiautonomistas a un ritmo homologable al de los ciudadanos de derechas. De hecho, si excluimos Cataluña, País Vasco y Navarra, los españoles de izquierdas partidarios de reducir o incluso suprimir las autonomías ya representan el doble de los que prefieren una mayor descentralización.
Al igual que lo que ocurría en el resto de España, la oleada nacionalista en Cataluña ha penetrado en todas las capas de la sociedad, sin importar el origen territorial, edad o ideologia ... No es cierto que los catalanes estén más divididos que antes. En realidad, la gran mayoría de la sociedad se ha movido en bloque hacia posiciones más favorables a las tesis proautonomistas y soberanistas. Por tanto, no estamos ante un proceso de polarización de la opinión pública, sino ante un verdadero desplazamiento del centro de gravedad de la política catalana hacia posiciones más nacionalistas.
Las relaciones entre Cataluña y España se encuentran en una encrucijada. El principal escollo que existe para poder alcanzar una solución pactada es la creciente fractura que se está produciendo entre las preferencias territoriales de los catalanes y las del resto de España. De mantenerse esta divergencia, el divorcio definitivo entre Cataluña y España es solo cuestión de tiempo. Quizás aún no sea tarde para intentar revertir esta tendencia. Pero, para conseguirlo, es necesario liderazgo y voluntad de compromiso, atributos que lamentablemente parecen escasear entre nuestras actuales élites políticas.
També
ahir en Ramoneda en EL PAIS insistia en la crisi institucional general en l’estat
espanyol:
El
régimen surgido de la Transición —treinta y cinco años ya— hace tiempo que da
muestras de desgaste. La propagación de la corrupción, la evolución del sistema
autonómico hacia formas de caciquismo posmoderno, la crisis de l’Estatut, que
culminó con la decisión del Constitucional de enmendar el voto de los
ciudadanos de Cataluña, la ceguera (o complicidad) de la política ante los
disparates financieros que llevaron a la crisis, y el escándalo Bankia, icono
de la promiscuidad entre política y dinero, son algunas de las señales que
desde hace tiempo nos iban recordando que este régimen no funciona. Nadie hizo
nada. El resultado es que el deterioro institucional se ha hecho imparableEl eterno pánico al cambio lastra el atrevimiento necesario para las soluciones audaces que requieren los problemas estructurales. Ante esta parálisis selectiva del régimen, no es extraño que cunda la idea de que la política llega tarde a todo menos a defender los intereses del dinero. Si la política fuera capaz de prevenir, nos ahorraríamos muchos tratamientos dolorosos a la hora de curar. El buen político es aquel que es capaz de anticipar. Y obrar en consecuencia.