El desarrollo
del Estado de Bienestar ha supuesto una desmercantilización
de los intereses de los trabajadores, al reemplazar los “derechos de
propiedad” por los “derechos de ciudadanía”, de manera que las prestaciones
sociales a las que el individuo tiene derecho no derivan de su posición en las
relaciones de mercado, sino que responden a una concepción social y política en
virtud de la cual se asume que los individuos o las familias pueden mantener un
nivel de vida socialmente aceptable independientemente de su participación en el
mercado. Las bases morales del welfare han supuesto, por
encima de todo y más allá de sus concreciones en cada lugar y en cada tiempo, la
afirmación de la universalidad (son derechos de todos y cada
uno de los seres humanos, al menos de los ciudadanos y hasta de los habitantes
en un país determinado) e indisponibilidad (están sustraídos tanto a las
decisiones de la política como del mercado). Desde esta perspectiva cobra pleno
sentido la idea de que el estado social ha sido la última encarnación de la idea
de comunidad: las instituciones del bienestar han sido, por encima de todo, un
proyecto de vida en común. “El estado de bienestar –señala Bauman- era un modo
de evitar la tendencia a desintegrar las redes formadas por los vínculos humanos
y a socavar los fundamentos sociales de la solidaridad humana”. Un Leviatán
moral, pacífico, que nos permitió soñar durante el “breve siglo socialdemócrata”
en la posibilidad de superar definitivamente los principales riesgos de
retroceso al estado de naturaleza. Pero la caída del Muro de Berlín puso fin a
este proyecto de comunidad y hoy asistimos a una remercantilización de
importantes ámbitos antes reservados a la previsión pública, como la salud, la
educación, la seguridad, las pensiones, que dejan de ser universales y pasan a
depender de las decisiones políticas o de los avatares del mercado.
Liberales
ilustrados como Ralf Dahrendorf, conscientes de la importancia de contar con
instituciones sociales sólidas y cohesionadas (y de la dificultad de
mantenerlas), han advertido de que las exigencias de la competencia global no
son en absoluto propicias para la constitución de la libertad: “La brecha
sistemática que se genera entre las oportunidades de vida de los grandes grupos
sociales es incompatible con una sociedad civil”, señalaba en 1995 Dahrendorf,
reclamando la constitución de un “movimiento masivo para defender la sociedad
civil”, que él veía amenazada por la globalización económica y la
individualización social.
Pero hoy dominan los liberales zafios, aquellos que no son capaces
de entender que el mercado es una parte de la ciudad, pero que no puede ser la
ciudad entera. Sus ideas y sus prácticas económicas son auténticas distorsiones
de la democràcia
